Una crisis para todos, menos para el poder político, ¿Por qué sobreviven las diputaciones?
Denuncias sobre lo Indenunciable
www.fundacioncronosvidaycultura.org
Una crisis para todos, menos para el poder político, ¿Por qué sobreviven las diputaciones?
Autor: Raúl Estañol Amiguet
El sector público en teoría se sustenta para regular y mantener el “estado de bienestar” del que disponemos. Aunque en la práctica se configura como el segundo poder, un poder gestado desde dentro de las instituciones públicas, manipulado por el poder político, con intereses perfectamente definidos de mantenimiento de privilegios, mediante la manipulación maquiavélica y la confusión de su gran masa de votantes, a través de ideologías inventadas, de historias metafísicas que confunden el sentimentalismo de sus ignorantes seguidores. En este terreno, cada modificación de peso específico en la administración de lo público, por las diversas estructuras institucionales, genera la creación de nuevas instituciones, competencias, cargos y gasto público. Todo ello, raramente se verá compensado con la reducción de la institución cedente del consecuente gasto público soportado por ellos, ya que en todas las instituciones hincan los tentáculos la especie política, y sus allegados por familiaridad o amiguismo.
En la actual crisis, el sector privado ha tenido que esforzarse en optimizar sus recursos, adecuándose a la reducción de costes, propiciada por una reducción generalizada en la facturación de las empresas. Los trabajadores y autónomos, la base de la clase media del pueblo, se ha visto abocada al empobrecimiento de su renta per cápita, a la reducción drástica de sus ingresos. Ante todo ello, la eficiencia y la competitividad son condiciones usualmente inexistentes en el poder público, el cual se proyecta a la sociedad civil como el garante del mantenimiento de las ventajas sociales de las cuales disfrutan; y ahí estriba el defecto de dicho poder, ya que al sector público le interesa instaurarse como poder, y de este modo intenta tutelar a la sociedad civil, o por lo menos, dar la apariencia de ese tutelaje. La tutela que desea ejercer el sector público sobre la sociedad civil, lleva al servilismo de una gran parte de la sociedad civil dependiente de dicho poder, mediante una ideología concertada, una historia inventada, aceptada por la sociedad civil a priori, bien por imposición familiar, o por albergar determinada condición social. Independientemente de la ideología elegida, la característica esencial es el debilitamiento de las conciencias y del sentido crítico de quienes creemos en el tutelaje del Estado, ya que se acaba pensando que no es necesario el esfuerzo por salir adelante, para ser más independientes, autónomos, autárquicos.
Hoy en día, las diputaciones no deberían de existir. Sin embargo, esas instituciones que nacieron en 1812, creadas tras la Constitución de Cádiz, han sobrevivido con un rol distinto en cada época histórica. Tras la dictadura franquista, donde adoptaron un papel de control del gobierno central, ya en democracia las diputaciones adoptaron un carácter territorial, cuya función era gestionar los intereses económico-administrativos de las provincias. Actualmente todas las provincias españolas cuentan con este órgano de gobierno, excepto las que se corresponden con una comunidad autónoma uniprovincial (Principado de Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Murcia y la Rioja); así como en las Islas Baleares, donde se sustituye por un consejo insular, o en las Islas Canarias, donde se sustituye por un cabildo.
Una de las funciones fundamentales de las diputaciones es colaborar en la gestión de la actividad municipal. Y ahí estriba el engaño, ya que las diputaciones sirven de lanzadera política de quienes favorecen los distintos partidos políticos, desde las municipalidades. Las diputaciones se convierten, con la excusa de solo actuar en mancomunidades de municipios pequeños, en instrumentos de corruptelas políticas, mediante la cesión de ciertas contribuciones locales a las diputaciones y mediante la legislación interesada de corporaciones municipales, a favor de los intereses partidistas. Todo ello bajo el control de los mandatarios de las diputaciones provinciales, las cuales tienen el poder de configurar los cargos electos de las corporaciones municipales y de promocionarlos, como premio a sus servicios partidistas, a diputados provinciales y a cargos en los gobiernos autonómicos.
Cataluña no está exenta de dicha perversión, por mucho que los gobiernos en Cataluña confundan a su electorado con la búsqueda de una imaginaria independencia, gestada únicamente por el recorte presupuestario al gobierno autonómico. En Cataluña, de acuerdo con su ley de Veguerías, las diputaciones provinciales deberían de haber sido sustituidas por los consejos de veguerías tras las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011, no obstante la posterior sentencia del Tribunal Constitucional hizo una reinterpretación por la cual esta medida no se llevó a cabo. Recordad que el mantenimiento de las Diputaciones Provinciales permite el mantenimiento de privilegios del sector público, mediante un engranaje de poder de las Autonomías en los ayuntamientos. O sea, la descentralización gestada para dotar a la ciudadanía de un órgano político en cada localidad, a través de los ayuntamientos, debía de controlarse y redirigirse a los intereses de la casta política, función asumida a la perfección por las diputaciones provinciales.
En teoría las diputaciones provinciales son órganos de elección indirecta. La composición de su pleno se realiza por elección por los concejales electos de todos los ayuntamientos del partido judicial. Aunque el efecto real es perverso, y con sentido inverso: las diputaciones controlan los ayuntamientos.
En la actualidad sería conveniente eliminar las duplicidades de poder, siendo las diputaciones, en un sistema de comunidades autónomas descentralizadas en ayuntamientos, las instituciones a desaparecer. El 20 de noviembre de 2012 se pretende un gran pacto político para reorganizar las administraciones públicas. Cual es la sorpresa de que los dos grandes partidos políticos en el poder, pugnan por la reducción de concejales en ayuntamientos uno de ellos, y por la creación de un Consejo de Alcaldes en las Diputaciones otro. Pero como siempre, a ningún estamento político le interesa proponer lo lógico: la reducción de administraciones públicas, la cual nos está dirigiendo hacia un déficit público insostenible. El sistema de la administración público está viciado, aunque la sutileza del lenguaje político confunde otra vez al pueblo, mediante discursos sentimentalistas que nos confunden y nos distraen.
https://www.facebook.com/FundacionCronosVidaYCultura
Volver
