España y Cataluña
Denuncias sobre lo Indenunciable
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España y Cataluña
Autor: Alejandro Calderón Andrade
- El proceso soberanista catalán, ha cobrado un gran impulso, tras la convocatoria a un referéndum consultivo para el día 9 de noviembre, compuesto por dos preguntas en el que se consulta a los catalanes si quieren un Estado propio, y en tal caso, si desean que el mismo sea independiente. Son múltiples los actores que se encuentran involucrados en el proceso, y todos ellos con sus propios intereses, por lo que las preguntas que surgen a bocajarro, son: ¿Por qué ahora? ¿Qué respuesta está dando el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Cuál será el papel de la Unión Europea? ¿Cómo conseguirá el presidente de la “Generalitat de Cataluña”, Artur Mas, realizar un referéndum, después de haber sido negado por el Tribunal Constitucional y el Congreso Español? ¿Qué posición está manteniendo el Partido Socialista Catalán (PSC)?.
Cataluña es una comunidad autónoma del Estado español, que ocupa una interesante posición geoestratégica al ubicarse entre Francia, Andorra, la Comunidad Valenciana y Aragón. Desde el siglo IX, cuando Carlomagno empezó a gestar una idea de lo europeo, Cataluña ha sido el portal de la península ibérica hacia Europa. En la actualidad, constituye uno de los 4 motores de Europa al ser una región altamente industrializada. Cuenta con una población de 7.512.381 de habitantes, un IDH muy alto, y el segundo PIB de más importancia del Estado español, tras la Comunidad de Madrid. Su centro administrativo es el área metropolitana de Barcelona, en la que viven más de 5 millones de personas, suponiendo la quinta mayor aglomeración urbana de la Europa Occidental.
Las cifras económicas de Barcelona son incontestables. Según datos de la International Congress and Convetion Association, es la ciudad del mundo que recibe más asistentes a congresos. En el año 2013 recibió 15,6 millones de turistas y ha tenido un aumento de inversiones extranjeras del 30%. Sin embargo, estos datos contrastan como la noche y el día, con la reducción del presupuesto por parte de la Generalitat, del corazón mismo del Estado del Bienestar, como lo son la asistencia social, la sanidad y la educación. Con una tasa de paro del 22% y con un 18% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, la sociedad catalana está asistiendo al desmantelamiento de los servicios sociales. Y esto nos sirve para responder a la primera pregunta: ¿Por qué ahora?
Para hacernos una idea de la importancia que tiene la asignación presupuestaria para el ámbito social, conviene realizar un apunte. Los modelos de Estado europeos se distinguen en 3: el liberal, el social y el clásico. El primero se asienta en la promoción y apoyo del sector privado, como motor de progreso y bienestar. El segundo, el más exitoso sin duda si atendemos a los índices de desarrollo humano, es el que han conseguido los países escandinavos, en los que los ciudadanos contribuyen con alegría con más del 60% de su renta a las arcas públicas. El Estado a cambio, les proporciona el mejor sistema de educación, sanidad, protección social y promoción industrial, sin llegar a construir una aparato pesado, ineficiente, o corrupto. Aquí el Estado se ocupa porque lo hace mejor que el mercado, no porque imperativamente ningún texto constitucional le obligue a hacer algo que no puede. El tercer modelo, es el español, que apoya el Estado en tres patas: el mercado, el estado del bienestar y la familia a partes iguales. Si falla el mercado, se activa la protección social, y si este también decae, sólo queda el apoyo familiar.
En el escenario de la actual crisis económica, el presupuesto del 2014 para bienestar social en Cataluña, es un 16% inferior al de 2010, y el principal recorte se ha producido en el programa de apoyo a las familias, con un 70% menos que en 2012. El 80% de la población piensa que la actual situación es mala, y el 70% que el año próximo será igual o peor, según datos del CIS. El paro juvenil, la precariedad laboral y el hundimiento de los salarios son inaceptables. Producto de todo esto, se produjo un momento de coyuntura crítica, que el gobierno catalán ha conseguido airear hondeando “l’Estelada”. Este es el que se produjo el 15 de junio de 2011, cuando una protesta social enmarcada en el movimiento de los indignados, asedió el parlamento catalán con el fin del parar la sesión que iba a aprobar los recortes presupuestarios. El “President de la Generalitat”, Artur Mas tuvo que recurrir a un helicóptero, y el portavoz del Parlament, Jordi Turull, declaró que sintió miedo y desconcierto porque no sabía cómo iba a acabar aquello.
Sin duda, los líderes políticos tomaron nota del suceso, primero demandando penalmente a los manifestantes y luego, planteando una solución que les permitiera apoyo social en medio de la frustración económica, pero eso sí, sin dejar que el descontento social comprometiera la destreza que habían conseguido usando la tijera. Hablar del proceso independentista catalán sin hacer referencia a este telón de fondo, es obviar una parte fundamental de la realidad. Ante la desafección ciudadana de lo político, el desprestigio de las instituciones públicas y el abandono del gobierno a lo social, la opción independentista parece ser la única respuesta cohesionadora a la par que esperanzadora, para cambiar el estado de las cosas. Si las instituciones políticas españolas quita al pueblo catalán más de lo que recibe, el imaginario social espera que el nuevo Estado catalán, resuelva el paro juvenil, proteja a las familias que se quedan sin hogar, no privatice la sanidad, mejore la calidad de la educación, acabe con la corrupción, y ya de paso, que vuelva a ganar el Barça.
Esto no significa que la razón principal del movimiento independentista sea esta, ni tampoco que el Estado español no haya fallado a Cataluña en aspectos como la protección de la lengua, y mucho menos que se haya iniciado el 11 de Junio de 2011; pero sin duda, las políticas económicas han llevado a un momento de coyuntura que ha inclinado la trayectoria hacia un mayor apoyo popular al proceso independiente catalán, que ve en el 9 de noviembre de 2014, como el momento de oportunidad para cambiar las cosas. Los catalanes tienen un componente cultural diferenciador del español, que es la mentalidad menestral. Esto es una determinada visión de la vida que surge de la organización gremial. Se cristaliza en una gran dedicación al trabajo, una inclinación práctica de la vida y una fuerte regulación de la sociedad y la actividad económica, como lo demuestra su Estatuto de Autonomía de 223 artículos.
El feudalismo catalán fue distinto del peninsular y creó una serie de instituciones franco-catalanas diferentes y que perduraron hasta 1714. Desde esa época, los grandes oligarcas lucharon para conseguir constituir a Barcelona como una nueva metrópoli de comercio colonial y explotar su posición geográfica de frontera en medio de la guerra de sucesión española. Una de las cosas que más preocupaban a Carlos II, es que Felipe V entendiera la importancia de las instituciones para el mantenimiento de la monarquía, pero como no se fió, le dejo un testamento en el que fijaba la conservación de las leyes y los fueros de su reinado. Esto se concretaría con el Decreto de Nueva Planta, que cambió la naturaleza de las instituciones catalanas y por el cual, el Principado de Cataluña, dejó de existir como Estado compuesto de la monarquía hispánica para pasar a ser una provincia del reino. No obstante, Cataluña tiene gobierno, que aunque no colme su ambición de autogobernarse, cuenta con funcionarios propios. Hoy, su lengua y su cultura brillan en lo más alto, y son reconocidas y difundidas como nunca en su historia, y solo amenazadas por los recortes presupuestarios.
Según el CEO, el respaldo a la independencia se situaría en el 47%, mientras que el porcentaje de ciudadanos que afirman no sentirse independentistas, es del 48,4%. Por su parte, el electorado que no sabría que votar en la consulta supone el 9,4%. En este panorama, la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy es el de atenerse a la legalidad, manteniendo que la consulta contraviene dos artículos de la Constitución: el 1.2 por el que la soberanía reside en el pueblo español y el 141.3.2 por el cual, la autoridad para celebrar referendos consultivos para decisiones políticas de trascendencia compete solo al Estado. La estrategia del gobierno es esperar a que mejore la situación económica para que se reduzca el fervor por la independencia y mantener el status quo, y en caso de que eso no suceda, dejar que el Tribunal Constitucional gobierne España.
¿Qué puede esperar el gobierno Catalán de la Unión Europea? Nada. Para ellos, igual que para Rajoy, lo urgente es esperar.
No es que no quieran tomar parte, es que nunca se han encontrado con el caso de escisión dentro de un Estado miembro. Las pocas voces autorizadas que se han manifestado al respecto, como la del presidente Van Rompuy, lo han hecho en la línea contraria a la catalana, proponiendo soluciones federales y dejando claro que un hipotético Estado catalán, debería iniciar su propio proceso de adhesión a la familia europea. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, las cifras económicas de la región son muy importantes y Cataluña forma parte del corredor mediterráneo, al que se han asignado 51.300 millones de euros. Además, quedaría feo oponerse al deseo de votar de los catalanes. Las elecciones al Parlamento Europeo serán importantes, sobre todo si se produce un nivel de participación especialmente alto en Cataluña.
Por su parte el Partido Socialista Catalán, está librando su propia batalla interna, luchando por no romperse. Tanto su líder, Pere Navarro, como la cúpula del partido a nivel nacional, han optado por mostrarse contrarios a la convocatoria de un referéndum independentista y lo apuestan todo a una reforma federal, que va perdiendo adeptos en la sociedad, al ser una solución apoyada por tan solo el 20% de la población. La oposición de Navarro a la consulta, le ha costado la renuncia de varios dirigentes históricos del partido, que están formando su propia plataforma denominada “Avancem”, y que defiende el derecho a votar de los catalanes por encima de todas las cosas. Avancem celebrará una Asamblea el próximo mes de junio para aglutinar a todos los movimientos críticos contrarios a la política del PSC.
En suma, aunque la crisis económica ha precipitado los acontecimientos, el proceso catalán refleja la pérdida de capacidad integradora del proyecto nacional español, por lo que merece una reforma que no se plantean ninguna de las partes. Para los políticos, lo más cómodo es no dialogar porque así pueden culpar a los otros de los males propios, mientras los ciudadanos, caen en su juego. Al dejar el edificio nacional en manos de albañiles y no de arquitectos, la opción independentista va ganando adeptos. En realidad, el independentismo es lo común en España, pues los ciudadanos quieren independizarse de su sistema político, como lo demuestra la caída del bipartidismo, de un 80% a un 60%. Los catalanes quieren votar, y esa es la única forma de evitar que el descontento social se agrave.
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